Hace unos días se viene tramitando en el Congreso de Colombia el Proyecto de Ley de Renta Básica de Emergencia, liderado por el senador Iván Marulanda y soportado por más de 50 senadores de diferentes partidos políticos, tanto de oposición como independientes. Esta semana, el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, se mostró afín a la propuesta. Se viene un largo debate, con muchos puntos a favor y en contra. El punto en contra principal: las finanzas de la nación no dan, la renta básica de emergencia que se propone en el Congreso se llevaría al menos un 8 % del apretado presupuesto nacional para el 2020, que ronda ya los 300 billones de pesos (81,7 mil millones de USD). ¿Es viable la renta universal en Colombia?
Este proyecto de ley busca sustituir todas las transferencias monetarias vigentes que ha realizado el gobierno durante la crisis producto de la pandemia del COVID19, tales como el Ingreso Solidario, así como otras inversiones sociales que existían previamente, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor, entre otros, reemplazándolas por una sola transferencia de un salario mínimo de $870.000 pesos (238 USD) a los hogares más pobres y vulnerables del país. 9 millones de transferencias por tres meses, por un salario mínimo, que equivaldrían a 23 billones de pesos (6,4 mil millones de USD).
El proyecto, en principio, caló bien al interior del gobierno. Sin embargo, el argumento para evitar su implementación en la crisis fue poner en la conversación la posibilidad de implementar una Renta Universal estructural, en donde se le pueda brindar un auxilio monetario sin condicionamiento a las familias más vulnerables del país. Ahora bien, el hecho de que se ponga sobre la mesa este concepto tiene otras implicaciones en las finanzas de la nación. La asignación de recursos a una Renta Universal podría llegar a copar hasta un 35 % del presupuesto.
Pero, ¿qué es la Renta Universal y en qué se diferencia a los subsidios que existen actualmente? La Renta Universal es un ingreso periódico, sin ningún tipo de condicionamiento, focalizado a personas en estado de vulnerabilidad, que, dadas sus condiciones de pobreza extrema y de necesidades básicas insatisfechas, son excluidos de la economía de mercado. Este concepto no es nuevo en el contexto de la actual crisis, y no, tampoco es una propuesta que venga de la economía marxista, como se ha intentado difundir. Los primeros indicios de Renta Universal datan del siglo XVIII en Francia, en el contexto de la Revolución Francesa, en donde se implementó una Renta Universal como parte del compromiso de la Asamblea Francesa por la promoción de una sociedad más igualitaria. A partir de ahí, el mecanismo de la Renta Universal ha sido un importante instrumento de política publica, implementado, en su mayoría, en contextos de crisis económicas donde se haya registrado una profunda afectación de las condiciones de vida de la población.
La principal objeción a la Renta Universal como instrumento de política pública es que se afirma que las personas beneficiarias de esta van a tender a volverse perezosas e improductivas, volviendo este instrumento en algo ineficiente y que no fomenta la mejora económica en las familias. Si bien es un supuesto que podría pensarse como cierto, no hay un estudio sólido que lo afirme. Contrario a esto, sí existen varios estudios que contradicen este supuesto, incluyendo los reportes de impacto de los programas de gasto social en Colombia.
Para desagregar las ventajas de una posible Renta Universal en Colombia, primero analizo lo más similar que se tiene a esto y son las Transferencias Monetarias Condicionadas en el país, principalmente Familias en Acción y Jóvenes en Acción. Familias en Acción aparece en 2002, nace como un ingreso bimestral a familias en condición de pobreza y vulnerabilidad. Su monto se asigna dependiendo del número de hijos menores de seis años que hagan parte de las familias. Las asignaciones han tenido una variación al pasar los años, pero se trata de un ingreso que, en promedio, ronda los $750.000 pesos (200 USD) al mes. Esta transferencia está condicionada a dos pilares de nutrición y asistencia escolar, en donde las familias deben cumplir varias condiciones cada dos meses para lograr obtener el beneficio.
Pasados diez años del programa, el reporte de impacto realizado en el 2012 del programa, no tuvo los resultados esperados en materia de superación de pobreza. Sus principales resultados positivos fueron el mejoramiento de la nutrición y la seguridad alimentaria en niños, así como un aumento significativo en el desarrollo cognitivo de los mismos. Sus principales resultados negativos fueron:
Disminución de asistencia escolar en secundaria, a pesar de ser uno de los pilares del programa,
Aumento del desempleo en adolescentes que, cuando eran niños, fueron beneficiarios del programa,
Creación de incentivos perversos en las familias, tales como el retraso de la educación primaria de los niños beneficiarios.
Posterior a esto, como parte de las recomendaciones de la transformación de Familias en Acción, nace Jóvenes en Acción, un incentivo económico a estudiantes de educación superior que ronda en promedio $170.000 pesos al mes (45 USD). El objetivo de este es apoyar a jóvenes en condición de pobreza y vulnerabilidad para continuar sus estudios de educación superior, disminuyendo la deserción y mejorando las posibilidades de inserción laboral. Este programa, según su reporte de impacto, ha tenido un mayor impacto en la superación de la pobreza y el aumento de las posibilidades de inserción laboral (El programa aumenta en 50% las posibilidades de inserción laboral en jóvenes beneficiarios). La conclusión más importante al comparar estos dos programas está en el condicionamiento. Jóvenes en Acción es algo más exitoso, dado que su condicionamiento es menor en comparación con Familias en Acción.
Lo anterior esboza precisamente las bondades de contar con un ingreso mensual no condicionado. Implementarlo implica un alto riesgo, y requiere de una campaña institucional transversal, que sea complementaria a este beneficio y evite que el dinero sea mal empleado. De lograr esto, las ventajas son bastante amplias, enumerando las principales:
Al tener un ingreso básico asegurado y sin condiciones, disminuyen los niveles de estrés, de sensibilidad y de inseguridad en las personas beneficiarias, lo que las ayudaría a generar una proyección a más largo plazo en ellas y en los hogares. Algo impensable para un hogar que, como la crisis lo ha demostrado, debe estar enfocado en sortear los avatares del día a día.
Aumenta en el consumo en los hogares, lo que favorece a las economías locales y los encadenamientos productivos.
La eliminación de los incentivos perversos que fomentan la dependencia y el mal gasto del subsidio, como se demostró en el programa de Familias en Acción y como se refutó en Jóvenes en Acción y otros programas de incentivos, como el incentivo a los proyectos productivos a desmovilizados del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc.
Hasta acá, se han expuesto unas ventajas probas de la Renta Universal. Pero, como mencioné al comienzo, el punto en contra principal es mucho más difícil de resolver. El ajuste del presupuesto nacional de cara a la implementación de una Renta Universal requiere medidas estructurales a largo plazo. Beneficiar a un millón de personas vulnerables en el país con un salario mínimo mensual, costaría 10 billones de pesos al año (2, 6 mil millones de USD). Beneficiar a nueve millones de personas, la cifra sería 63 billones de pesos (17 mil millones de USD). Son cuentas muy elevadas en comparación con los 5 billones de pesos anuales que cuesta Familias en Acción, Jóvenes en Acción y otros programas de inversión social en Colombia.
El presupuesto nacional lleva muchos años desfinanciado en varios billones de pesos. La dependencia del sector minero-energético en Colombia, la caída de los precios del petróleo desde el 2014, acompañado de una fuerte depreciación del peso colombiano, han sido factores que han contribuido a los huecos presupuestales, lo que ha requerido aumentar los niveles de deuda del país, que cada día se hacen más grandes producto de la volatilidad del peso colombiano.
La deuda en Colombia llega casi al 50 % del Producto Interno Bruto, y para poder solventarla, se debe destinar un 20 % del presupuesto sólo en su gestión. Por otro lado, los gastos de funcionamiento del Estado son tan altos, que uno llega a cuestionarse acerca de la eficiencia de este frente al contexto en el que Colombia se encontraba antes de la crisis producto de la pandemia.
Hay varias formas de optimizar el presupuesto de funcionamiento e inversión del Estado. El principal debería ser el fomento a la diversificación de la industria en Colombia, para aumentar las exportaciones en otros sectores y disminuir la dependencia del país del sector minero-energético. El fomento al sector agrícola, el cuál registró el mayor crecimiento durante el primer trimestre de 2020 (+6 %) cuenta con muchas oportunidades de desarrollo de cara a la diversificación. Lastimosamente, su recorte dentro del presupuesto nacional fue de más del 15 % para el 2020.
La otra forma de optimizar sería disminuyendo y optimizando los gastos de funcionamiento del Estado. A pesar de la iniciativa de Presidencia de recortar en más del 50 % su presupuesto, esta optimización del gasto no es suficiente. Aún existen muchos sectores al interior del Estado que podrían contribuir a la reorganización del presupuesto nacional de cara a la posibilidad de implementar una Renta Universal progresiva en un plazo de, al menos, unos cinco años a partir del 2021. Tan sólo una reducción del 15 % del salario de los congresistas, representa un ahorro de casi 17 mil millones de pesos al año en la nómina, que contribuiría a un piloto de 2.000 transferencias anuales como Renta Universal a población vulnerable.
Si se siguiera analizando el presupuesto nacional, habría muchas más fórmulas para optimizarlo, dándole cabida al proyecto de Renta Universal. El poder de esta como política de superación de la pobreza radica precisamente en que su implementación gradual, comenzando por pilotos que no superen el millón de personas beneficiarias con este ingreso durante el primer año, traería importantes resultados que permitirían disminuir progresivamente las transferencias monetarias condicionadas, y los otros programas de fomento, sobre todo aquellos que no han demostrado una eficiencia en cuanto a mejoramiento de condiciones y satisfacción de necesidades.
El otro debate que vale la pena dar, es con respecto a la manera en que el Estado se financia hoy en día. Thomas Piketty, en su obra “El capital en el siglo XXI”, contribuye a este debate con la proposición de un Impuesto Mundial Progresivo al capital, para garantizar una distribución y una desconcentración más equitativa de la riqueza. Son este tipo de reformas las que deben acompañar la discusión en la implementación de la Renta Universal. En materia tributaria, un sistema de cobro de impuestos que se enfoque en un Estado más eficiente en pro de la superación de la pobreza, acompañado con el empoderamiento de los sectores económicos potenciales en Colombia, que fomenten un proceso de industrialización y diversificación del país. La Renta Universal es una apuesta difícil, que requiere un estricto acompañamiento del Estado para el fomento económico con base en este ingreso, y debería ser una reforma estructural, con toda una gama de reformas al presupuesto, a la financiación, al gasto, a la gestión de la deuda, y a muchos otros componentes de la economía nacional. Pero, de lo que estoy seguro es con su viabilidad y con los poderosos resultados que podría traer en superación de la pobreza. Todo dependerá de qué tanto nos interese proyectarnos como un país más feliz en el largo plazo.