La pandemia del COVID19 ha quedado atrás en Colombia. Mientras el país comienza a normalizarse después de una de las cuarentenas más largas a nivel global, como un baldado de agua fría nos han caído las noticias de los mil y un problemas que aquejan al país en estos momentos: corrupción, masacres, inseguridad, violencia. El más sonado en estos días: el asesinato del ciudadano Javier Ordoñez en Bogotá, producto de la brutalidad policial. Esto germinó en una ola legítima de protestas y levantamientos populares en contra de las estaciones de policía, principalmente en Bogotá. Y si bien este debate ha despertado un sin número de posiciones en la ciudadanía, la más importante de todas ha sido el intento de responder la pregunta: ¿los hechos de abuso policial son tan solo de unas manzanas podridas u obedecen a un comportamiento sistemático al interior de la institución?
Para evitar al lector una tarea extensa, anticipo de una vez la respuesta: el abuso policial es sistemático, y obedece a varios factores que se explican más adelante. De la mano del informe El Código de Policía y su impacto en la convivencia, de la Fundación Ideas para la Paz, se justifica el por qué el abuso de la policía a los ciudadanos obedece a una (Bueno, a muchas) problemática institucional, y qué reformas deben implementarse para evitar el derramamiento de sangre en el que estamos sumidos, que ha cobrado más de 10 vidas en Bogotá y sus zonas aledañas al día de hoy.
El carácter de discrecionalidad de la policía debe limitarse (y todos los policías deben saberlo por obligación). Según el Código, un policía cuenta con suficientes facultades para escoger sus objetivos, métodos de intervención, medidas de investigación, procedimientos y sanciones frente a una situación que altere la convivencia pacífica en una comunidad. Este es el comportamiento más vulnerable que existe en la policía, gracias a este es que la mayoría de los casos de corrupción y abuso se presentan. Al tener un agente de policía la potestad total de aplicar medidas, este pasa de ser un garante de convivencia y seguridad a ser un juez y verdugo en todos los casos, lo que da lugar a exageraciones y abusos en las sanciones, muchas de ellas por fuera de la ley. Hay muchas razones de por qué la discrecionalidad desemboca en abusos a la ciudadanía, una puede ser el desconocimiento de la ley al interior de la institución, pero se encuentran muchos otros aspectos (políticos, de raza, de género, de sentimientos, entre otros) que le hacen perder la imparcialidad a los agentes. Al interior de la institución, y de la mano de los entes de control, esta discrecionalidad debe pasar a limitarse y reformularse de manera inmediata, para permitir tener agentes que sí sean garantes de convivencia pacífica y ciudadanos que tengan todas las garantías del cumplimiento de sus derechos.
La aplicación del carácter preventivo del código debe ser estricta. La naturaleza del Código es prevenir disturbios en la convivencia pacífica de la sociedad. Sin embargo, la aplicación de multas y la intervención policial no han demostrado que las conductas de alteración a la convivencia hayan disminuido. Esto se debe a varios factores: i) Poca conexión con las comunidades y sus líderes sociales, ii) Incentivos al interior de la policía que premian las sanciones y las capturas por encima de la disminución de comportamientos que afectan la convivencia, iii) El mismo desconocimiento del carácter preventivo del código por parte de la policía. Si la policía está para prevenir, su accionar debería ser disminuir los comportamientos contrarios a la convivencia, y no en el incremento de la sanción de estos. Esto debe obligar a que todo el sistema de incentivos y funcionamiento al interior de la institución, de la mano de la aclaración y limitación del carácter discrecional que tiene un agente de policía, se transformen de cara al fomento de la prevención, esto implica que la policía debe estar conectada con comunidades y líderes sociales.
El control a las medidas preventivas al interior de la policía debe ser transparente y regulado por entes de control. El informe de la FIP señala que a un ciudadano le es prácticamente imposible conocer el avance de una investigación que sea producto de una queja por abuso policial, puesto que la información de esta índole al interior de la policía es secreta a los ciudadanos. Además de esto, las medidas preventivas dentro de la institución se basan en traslados y sanciones menores, pocas veces expulsiones. Si esta información fuese transparente, y si las medidas preventivas adentro de la institución fueran más estrictas, los ciudadanos sí tendrían incentivo para denunciar estos comportamientos por las vías que provee la ley.
La escala salarial en la policía y los incentivos por rendimiento deben reformularse. Los salarios en la institución son, de entrada, muy injustos: los altos rangos ganan demasiado en comparación con los rangos más bajos, los ascensos son difíciles (E injustos en algunas ocasiones) y los incentivos por rendimiento se basan en variables que fomentan las sanciones y no la prevención. Si un agente, que gana menos de dos salarios mínimos, se encuentra con una oportunidad de corrupción que duplique sus ingresos mensuales, y si su forma de medirse al interior de la institución es en el número de sanciones que aplique durante un tiempo determinado, ¿No es muy obvio lo que puede pasar? Actos de corrupción, sanciones exageradas frente a conductas menores y legitimidad de la policía por el suelo. Frente a estos casos, no hay honor y lealtad a ninguna institución que valga, y la discrecionalidad actual de la policía permite que puedan pasar esta línea fácilmente. Estos salarios e incentivos deben reformularse de cara a las propuestas que se encuentran arriba.
Hay muchos aspectos que quedan por fuera de la discusión. Reformar una institución bajo estas situaciones no se ve como una tarea fácil, y requiere de voluntad política, movilización ciudadana y acuerdos entre la institución y las comunidades. Como ciudadanos, tenemos todas las herramientas a la mano para lograr que la transformación gradual se pueda dar. Acá no están todas las respuestas, sin embargo, si logramos avanzar en las reformas acá propuestas, estoy seguro de que avanzaríamos mucho como sociedad, depende de qué tanto lo exijamos como ciudadanos. ¡Sigamos movilizándonos en paz!